El problema principal en la
(in)seguridad social en el Perú no es la información sobre la obligatoriedad de
incorporar a los trabajadores independientes a los seguros sociales, sino la
verdadera problemática es cuándo el Estado rompe con el pacto social, es decir,
se desentiende del rol de garante y fiscalizador de los seguros sociales en el
ámbito administrativo. Esta realidad es constante y solo basta revisar los
casos que resuelve a diario el TC (6 de 10 son pensiones) o las denuncias de
los jubilados ante Defensoría del Pueblo, es decir, aún ganando los procesos
judiciales no te aseguran a que te depositen la pensión (denuncias penales por
incumplimiento de funciones contra la ONP).
Todo esto da razones
fundadas al ciudadano en no creer en los seguros sociales ya que aun cumpliendo
con los requisitos legales nadie le garantiza que recibirá su pensión, y es
claro que el Legislador tienen intereses a favor a que el sistema público no
funcione y esto se materializa en la última reforma (solo para un lado y nada
para el Público).
Este año se ha incrementado
la afiliación al Sistema Nacional de Pensiones, es decir, entre la AFP y la
ONP, la gran mayoría apuesta por este último, por tanto, se hace necesario ante
la omisión clara del Legislador dar salidas acorde a la normas de mayor
jerarquía (El Convenio 102 de la OIT y la Constitución Política del Perú de
1993 art. 1, 10, 11 y 12), con la finalidad de proteger el derecho fundamental a
la pensión en el Perú.
La seguridad social puede
ser la puerta al desarrollo que tanto anhelamos, pero para esto debemos de
invertir la lógica que la economía (o lo intereses de grupos económicos) está
por encima del sujeto y construir al sujeto para que este desarrolle economía.
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